Una nueva fase del plan de ajuste impulsado por el presidente, Javier Milei, se tradujo en el cierre definitivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del partido bonaerense de Escobar, que dejó de operar a fines de marzo. La medida se enmarca en un rediseño general de la estructura de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado semanas atrás la magnitud del recorte: “Se eliminaron 695 cargos, creados en gran parte durante el gobierno anterior, lo que representa aproximadamente el 27% de la planta de esa dependencia”. Entre los puestos suprimidos se cuentan 33 en la sede principal de la Dirección General Impositiva (DGI) y otros 88 en el área de grandes contribuyentes.

A través de la Disposición 36, publicada recientemente en el Boletín Oficial, se oficializó además la clausura de 38 oficinas de atención en todo el país, en línea con la estrategia gubernamental de migrar los trámites al entorno digital. Según las autoridades, el 90% de los procedimientos que antes se realizaban en persona ahora pueden resolverse vía web, por lo que muchas de esas receptorías “no tienen razón de ser”.

El caso de Escobar no es aislado: desde el Ejecutivo señalan que varios de estos puntos de atención fueron abiertos en distritos políticamente alineados con la anterior gestión. La medida, si bien polémica para sectores que demandan servicios presenciales, es defendida por el oficialismo como un paso necesario en la reducción del gasto estatal.